La organización de defensa de los consumidores Facua ha trasladado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las denuncias de 270 de usuarios de toda España que han sido objeto de engaños por parte de comerciales de las compañías energéticas.

Hasta quince tipos de mentiras utilizan los comerciales para convencer a los usuarios de que sustituyan sus contratos, generalmente sometidos a la tarifa semiregulada (PVPC), por ofertas del mercado libre.

En muchos casos, los comerciales ni siquiera aclaran a los usuarios que les están ofertando otras tarifas, sino que les hacen creer que tienen que firmar un documento para autorizar a su compañía al cambio o reparación del contador, a la aplicación de un descuento o a actualizar su contrato porque el vigente ya no se ajusta a la ley.

Las trampas consisten en hacer creer al usuario que vienen de su propia compañía para premiar su fidelidad con un descuento que su tarifa no se ajusta a una ley y pueden multarle si no la cambia, que tienen que devolverle cantidades cobradas por error o que su contador está averiado y necesitan que firme un documento para reparárselo.

Los comerciales también acuden a los domicilios de los consumidores para ofrecerles supuestos descuentos en las facturas que en realidad no hacen más que encarecer los recibos, falsas tarifas planas que hinchan los recibos y todo tipo de supuestas ofertas inmejorables sobre las que no son capaces de dar detalles.

El último fraude conocido es que los comerciales de las eléctricas se hacen pasar por representantes de la propia Facua para modificar contratos, de manera que los usuarios pasan a tener otras tarifas, generalmente más caras.

En este sentido, varios socios de la organización han alertado de estas visitas, en las que los comerciales simulan ser miembros de la asociación dedicados a tramitar la devolución de supuestas cantidades cobradas de forma ilegal.

Solicitan a sus víctimas que les muestren un recibo de la luz o el gas, con la excusa de que van a verificar la existencia de un error o un fraude en la facturación. Tras tomar nota de los datos del suministro, instan a los usuarios a firmar un documento para reclamar la devolución del dinero. Lo que en realidad están firmando es un contrato para cambiar de comercializadora o de plan tarifario dentro de su propia compañía.

FUENTE: INMODIARIO